El Estado destinó más recursos a la energía pese a los aumentos de tarifas

Los subsidios destinados a la energía aumentaron más de 74% durante el primer semestre de 2026 en comparación con igual período del año pasado, en un escenario en el que los usuarios continuaron afrontando subas en las tarifas de electricidad y gas. El incremento de estas transferencias, que se profundizó en la comparación interanual de junio, representa un desafío para las cuentas públicas y contrasta con el objetivo del Gobierno nacional de reducir la asistencia estatal y trasladar progresivamente el costo de los servicios a los consumidores.

Los datos de la Secretaría de Hacienda muestran que, según la metodología utilizada para la comparación, el crecimiento de los subsidios en junio frente al mismo mes de 2025 osciló entre el 80% y más del 100%.

La mayor parte de estos recursos continuó concentrándose en el sistema eléctrico. Durante el semestre, el precio mayorista promedio de la electricidad pasó de US$70 a US$81 por megawatt, aunque en junio se registraron valores que llegaron a US$170.

Entre los factores que incidieron en este aumento figura el encarecimiento del gas importado y de algunos combustibles líquidos utilizados para la generación térmica. La guerra en Irán elevó los precios internacionales y tuvo impacto sobre un sistema en el que más de la mitad de la electricidad producida en el país depende de este tipo de generación.

El valor del gas importado, por su parte, subió 40%. Las cantidades adquiridas durante los primeros seis meses de 2025 y de 2026 fueron similares, pero el gasto pasó de US$274.480.105,4 el año pasado a US$413.239.572,4 en el actual ejercicio.

También se registró un aumento en el costo de la energía proveniente de Yacyretá y de las centrales hidroeléctricas patagónicas recientemente privatizadas, que comenzaron a operar bajo un esquema tarifario más rentable. A esto se sumó el nuevo modelo de formación de precios eléctricos, orientado a que los distintos actores privados del sistema formalicen sus relaciones mediante contratos con una menor intervención directa del Estado.

Esta dinámica se desarrolla mientras continúan las actualizaciones tarifarias. Durante este mes, las facturas de gas tendrán incrementos que van del 1,5% al 8%, según el servicio y el tipo de usuario. Sin embargo, estas subas no evitaron el crecimiento de la cobertura estatal.

Para el gas domiciliario, Energía estableció un precio uniforme de US$3,8 por millón de BTU para todo el año. No obstante, entre abril y septiembre, los usuarios que reciben subsidios pagan aproximadamente la mitad de ese valor. A esta asistencia se agregó un descuento excepcional, prorrogado mensualmente, con el objetivo de moderar el impacto de las facturas sobre la inflación y el consumo.

Subas proporcionales

Aun así, la decisión oficial es trasladar posteriormente parte del mayor costo del gas utilizado durante el invierno. La estrategia contempla que el valor más elevado de las importaciones realizadas durante los meses de mayor demanda sea recuperado en primavera, cuando el consumo disminuye.

Según un análisis de la consultora Economía y Energía, la proporción de la tarifa cubierta por los usuarios cayó del 88% al 68% desde fines del año pasado. En consecuencia, aunque el costo del servicio y las tarifas registraron aumentos, la participación del Estado en el pago final también creció. Además, el esquema de subsidios volvió a alcanzar a sectores que anteriormente habían perdido esa asistencia. Usuarios de mayores ingresos, identificados como N1 bajo la clasificación anterior al sistema de Subsidios Energéticos Focalizados, volvieron a recibir una cobertura parcial en sus facturas.7

Durante el primer semestre, el Tesoro destinó $2,2 billones a Cammesa para cubrir parte del costo de la electricidad mayorista. A esto se sumaron $0,5 billones para la importación de gas y otros $0,1 billones para subsidiar las tarifas comprendidas en el régimen de zona fría ampliada. Este último desembolso representó un aumento del 250% respecto de la primera mitad de 2025.

El debate por las zonas frías y el planteo del Norte

El régimen de zonas frías también forma parte de la discusión política y legislativa. En este contexto, el gobernador Osvaldo Jaldo ya anticipó que Tucumán acompañará los beneficios para los sectores de menores recursos de las regiones que requieren mayor consumo de gas para calefaccionarse, aunque planteó junto con otros mandatarios del Norte la necesidad de aplicar un criterio equivalente para las familias que afrontan elevados consumos eléctricos durante el verano.

Jaldo expresó: “Quienes vivimos en el norte seguramente vamos a estar a favor de esa ley, seguramente queremos que todas las personas que viven en el sur del país y que son de escasos recursos tengan bonificaciones y tengan tarifas especiales en el gas para poder calefaccionarse. Nosotros, los gobernadores del norte, vamos a pedir exactamente el mismo tratamiento para los que vivimos en el norte”.

El planteo apunta a que las provincias de la región obtengan un esquema de consideración similar ante el fuerte consumo de electricidad que generan las altas temperaturas durante los meses estivales.

Mientras tanto, la evolución de los subsidios energéticos contrasta con la registrada en otros sectores. Las transferencias destinadas al transporte, por ejemplo, retrocedieron 20% en lo que va del año, en línea con la estrategia oficial de reducir este tipo de asistencia.

La administración nacional mantiene como uno de los principales objetivos de su política económica la preservación del superávit fiscal. Durante la primera mitad del año logró sostener un resultado primario positivo. Sin embargo, al incorporar los pagos de deuda, las cuentas registraron un déficit financiero de $0,7 billones, en un contexto en el que el aumento de los subsidios a la energía suma presión sobre el equilibrio fiscal.